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Antonio Cánovas del Castillo

Málaga, 8.XI.1828 – Santa Águeda (Guipúzcoa), 8.VIII.1897. Estadista (artífice de la Restauración) e historiador.

Nació en el seno de una familia ilustrada, pero mo­desta: el padre era maestro de primera enseñanza; la madre, prima del destacado escritor Serafín Estéba­nez Calderón, conocido bajo el apelativo de El Soli­tario. Después de una adolescencia difícil en su ciu­dad natal, donde se hubo de abrir camino para sacar adelante a sus cuatro hermanos a la muerte de su pa­dre (1843) ejerciendo como profesor ayudante en el centro de enseñanza de la Junta de Comercio —a la que ya había estado vinculado aquél—, pudo cursar en Madrid la carrera de Filosofía y Jurisprudencia, a partir de 1845, gracias al apoyo de su tío Serafín Es­tébanez, que le proporcionó trabajo en las oficinas de la empresa constructora del ferrocarril Madrid‑Aran­juez. Destacado en el Colegio de Abogados (1853), empieza asimismo a ser conocido Cánovas por sus ac­tividades literarias —la publicación de la novela his­tórica La Campana de Huesca— de las que había sido curioso antecedente la fundación en Málaga del pe­riódico La Joven Málaga.

Se inició en la política gracias a su amistad con Carlos Manuel O’Donnell, con quien coincidió en las aulas universitarias y que lo recomendó a su tío Leopoldo, el famoso general, conde de Lucena, nece­sitado de un secretario “que le ordenase los papeles”. De la colaboración —convertida pronto en amistad estrecha— del general con el joven abogado, que no sólo iba a ordenarle los papeles, como se ha dicho, sino las ideas, surgiría el bosquejo de un proyecto po­lítico integrador, capaz de superar la perpetua con­frontación —guerra fría o caliente— entre modera­dos y progresistas, subsiguiente al final de la Primera Guerra Carlista.

El “pronunciamiento” de O’Donnell —“La Vical­varada”— con su cartel programático, Manifiesto de Manzanares redactado por Cánovas y basado en una apelación al saneamiento de la política (1854), no su­pondría, sin embargo, al degenerar en una peligrosa situación revolucionaria en Madrid y Barcelona, más que el retorno de Espartero, ídolo de los progresistas y apartado de la política durante la década moderada (1844-1854). Se abrió así una etapa de difícil coha­bitación entre el duque de la Victoria y el conde de Lucena (el “Bienio Progresista”) que no respondía, desde luego, a los designios políticos de este último. En cuanto a Cánovas, durante el bienio vivió en una especie de exilio voluntario, al frente de la Agencia de Preces radicada en Roma cuyo reverso positivo fue la inmersión del político español en la atmósfera de arte e historia de la Ciudad Eterna, y una abundante cose­cha documental que, andando los años, le servirá para redactar su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia (1860), que llevará por título La domi­nación de los españoles en Italia. En cuanto a la experiencia revolucionaria de “La Vicalvarada”, a la que había contribuido decisivamente, le sirvió para redu­cir uno de sus principios inconmovibles: el rechazo del recurso a la violencia, expresado en esta frase la­pidaria: “Un hombre honrado no puede tomar parte más que en una revolución y eso, porque ignora lo que es”.

Fue después de la caída de Espartero (1856) cuando O’Donnell logró abrir paso —entre mode­rados y progresistas— a un tercer camino, diseñado por un nuevo partido, la Unión Liberal, más o me­nos inspirado por Cánovas: proyecto ideológico que en principio trataba de asumir una síntesis sociopolí­tica, pero que de hecho apuntaba al partido único y que acabó definiéndose como un Partido de Centro, junto a los otros dos ya existentes: Moderado y Pro­gresista. Ahora bien, también es cierto que los años de hegemonía unionista durante el llamado “Gobierno largo” de O’Donnell (1859-1864), en el que Cáno­vas figuró como subsecretario del ministro de la Go­bernación Posada Herrera, son los más brillantes y fecundos del reinado de Isabel II, animados internacionalmente por la llamada Guerra de África (1859) y por la expedición a México (1862). A partir de 1864 se inicia el declive del reinado de Isabel II, desde el momento en que la vuelta al poder de los moderados fue degenerando en una dictadura de partido, ya que la Reina evitó, obcecadamente, una alternativa pro­gresista, ante el temor de que ello redundase en un nuevo conflicto con Roma, provocado por la segunda Desamortización —la iniciada por el progresista Ma­doz—. Sin embargo, entre 1864 y 1866, aún cupo un turnismo moderadounionista: durante este último, y bajo la presidencia de Alejandro Mon (1864), Cáno­vas ocupó la cartera de Gobernación, y la de Ultramar bajo el último Gobierno de O’Donnell (1866). Pero tras el frustrado pronunciamiento de este mismo año —sublevación del cuartel de San Gil, animada por los progresistas y reprimida con rigor por el conde de Lucena—, la Reina cometió el error y la imprudencia de prescindir de este último para llamar a Narváez, y la situación política degeneró en una dictadura mo­derada, endurecida, tras la muerte de Narváez, por González Bravo. Contra ella se articuló la coalición de progresistas y demócratas, a la que sólo tras la muerte de O’Donnell, autoexiliado en Biarritz, se sumó la Unión Liberal, ahora capitaneada por Serrano. Así se produjo la Revolución de 1868, que provocó la caída del trono y el exilio de la Familia Real.

Por su parte, Cánovas se abstuvo de apoyar a la Reina, pero no se sumó tampoco a la Revolución. Permaneció entregado a sus actividades intelectuales, ahora centradas en el estudio de la decadencia espa­ñola durante los últimos Austria, constituyéndose en una reserva política, a la que tras la abdicación de Isa­bel II en el futuro Alfonso XII, todavía menor de edad (1870), acudió la misma Reina, esta vez bien aconsejada, para que Antonio Cánovas asumiese los trabajos conducentes a una posible Restauración.

El instrumento político de Cánovas sería su Partido, ahora denominado Liberal‑Conservador, concebido con vocación integradora y, por lo mismo, claramente diferenciado del antiguo Partido Moderado, al que consideraba responsable de la revolución que había acabado con la Monarquía isabelina, al paso que se preocupaba, personalmente, de la formación política e intelectual del futuro Alfonso XII, trasladado a Lon­dres para seguir sus estudios militares en la Academia de Sandhurst, pero también para habituarse al clima parlamentario liberal de la Monarquía británica.

Aunque Cánovas no rehuyó la posibilidad de que el cambio de régimen, en los momentos en que la ex­periencia republicana había degenerado en caos y se vivía la “República sin Parlamento” de Serrano, fuese consecuencia de una proclamación militar, confiada al general Concha, marqués del Duero, que estaba a punto de cerrar la Guerra Carlista, la muerte de éste, cuando ultimaba el cerco de Estella después de liberar Bilbao, no sólo prolongó el conflicto, sino que decidió a Cánovas, definitivamente, por una solución civil y democrática confiada a las urnas para cuando Serrano convocase Cortes, ya que su labor proselitista había cosechado adhesiones que parecían asegurar el triunfo de la Restauración. El llamado Manifiesto de Sandhurst —en forma de carta del príncipe Alfonso dirigida a los numerosos monárquicos que le habían felicitado con motivo de su cumpleaños— era la expresión de un programa a un mismo tiempo atenido a la tradición y al progreso y que prometía una conciliación entre las dos Españas disociadas en torno a 1868.

Contra la voluntad de Cánovas se adelantó el gene­ral Martínez Campos, puesto al frente de la brigada Dabán, a proclamar la Monarquía (Alfonso XII) en Sagunto (diciembre de 1874). La casi unanimidad con que los jefes del Ejército y la inmensa mayoría de la población civil secundaron el pronunciamiento —demostración, por lo demás, del éxito logrado por la fecunda labor proselitista desplegada previamente por Cánovas—, obligó al general Serrano a pasar la frontera. Cánovas, que no deseaba que la Monarquía volviese mediante un pronunciamiento —los pro­nunciamientos isabelinos y el “régimen de los gene­rales” eran las dos tradiciones políticas recientes que quería excluir del nuevo régimen—, aunque en prin­cipio desautorizó a Martínez Campos, hubo de ha­cerse cargo del poder, en el que fue confirmado por Alfonso XII, quien en París había recibido la buena nueva de que la Restauración era ya un hecho.

Se iniciaba el “Gobierno largo” de Cánovas, pri­mero con el “Ministerio Regencia” y luego con un gabinete que de hecho prolongó su existencia hasta 1878: etapa en la que pudo darse fin a la guerra ci­vil —en campañas dirigidas por Jovellar y Martínez Campos— y en cuyo inicio el propio Rey hizo acto de presencia. Cánovas quería hacer de él un “Rey sol­dado”, como garantía de una neutralización efectiva del mal llamado “poder militar”.

Se apartó voluntariamente del poder durante po­cas semanas, cediéndoselo a Jovellar (antiguo hombre de confianza de Prim) para que convocase a Cortes Constituyentes con arreglo a la vigente Ley de sufra­gio universal, sin que su propia presencia al frente del Gobierno supusiese un respaldo a dicha Ley, de la que no era partidario por considerarla inadecuada al nivel de madurez ciudadana del país. Ya reunidas las Cortes y recuperado el timón del Gobierno, Cáno­vas se esforzó en atraerse a los núcleos procedentes de la revolución de 1868, dándoles seguridades de que el futuro les estaba abierto. Práxedes Mateo Sagasta, antiguo lugarteniente de Prim y ex ministro de Ama­deo I, respondió a la llamada, al frente de su propio partido, que se mostró dispuesto a acatar la Monar­quía, siempre que dentro de ella fuera posible incor­porar “las esencias del 68”. La Constitución de 1876, obra de Cánovas, se sitúa en equilibrio entre la mo­derada del 45 y la democrática del 69. Si restablece el principio de la cosoberanía (Rey y Cortes), incorpora prácticamente todo el cuadro de derechos y li­bertades individuales de la de 1869.

En cuanto al artículo más cuestionado de la Consti­tución de 1869 —el 21, que establecía la libertad de cultos—, en la de 1876 se tradujo en “tolerancia de cultos”, buscando términos de transacción con la Unión Católica. Y, en fin, la Ley Electoral restableció el sufragio censitario, pero extendiéndolo a los sectores intelectuales y amplias zonas del funcionariado. Cier­tamente, el régimen se había iniciado con restricciones muy duras de las libertades de prensa y cátedra —obra del ministro Orovio, ya destacado por análogas me­didas reaccionarias en la fase foral del reinado de Isa­bel II—, y ello daría lugar a una indignada réplica de los núcleos intelectuales y universitarios, réplica tradu­cida en la fundación de la Institución Libre de Ense­ñanza. En todo caso, se trató de unas disposiciones cir­cunstanciales, tomadas en momentos en que se trataba de atraer a los neocatólicos y a los carlistas, todavía en guerra abierta con el régimen, pero que de hecho que­daron anuladas por la Constitución y que en el primer turno progresista (1881-1883) serán desplazadas por una ampliamente democrática Ley de Prensa.

Promulgada la Constitución (1876) cuando la guerra civil había concluido, la pacificación era una realidad en la Península y ello permitió trasladar el esfuerzo militar a Cuba, donde de nuevo en colabo­ración con el capitán general Jovellar y el jefe de ope­raciones Martínez Campos pudieron cerrar la llamada “Guerra larga” con la Paz del Zanjón. Cánovas cedió el poder a Martínez Campos para que éste recabase el respaldo de las Cortes a los términos de la Paz y a su empeñada promesa de abolición de la esclavitud (la que no llegaría por cierto hasta 1886). De nuevo se trató de un paréntesis tras el que volvería al poder Cá­novas, que prolongó su “Gobierno largo” hasta 1881. La llamada de los progresistas al poder por el Rey en este año permitió desvanecer el resurgido fantasma de los “obstáculos tradicionales”. El “turno” cubierto por Sagasta y Posada Herrera permitió clarificar la jefatura de la izquierda dentro del régimen a favor del primero, polarizador ahora de los reductos aún reacios proce­dentes del “sexenio” a través de su partido fusionista.

Quedaba así configurado el bipartidismo, una de las claves de la idea política de Cánovas. El sistema se completó al producirse la muerte del Rey e iniciarse la regencia de María Cristina de Habsburgo. El llamado Pacto de El Pardo supuso un fundamental acuerdo entre los dos partidos, que no sólo se refería a su alter­nancia pacífica en el poder, sino que se basaba en una lealtad inquebrantable al trono, traducida en el compromiso de hacer causa común, al margen de sus legí­timas diferencias políticas, cuando aquél se viese ata­cado directamente, bien desde la ultraizquierda, bien desde la ultraderecha; mientras, uno y otro —Cáno­vas y Sagasta— se esforzarán en integrar a esos secto­res que habían quedado al margen de la Restauración al producirse ésta. Cánovas había logrado ya la adhe­sión de los neocatólicos de Pidal; Sagasta conseguirá, durante su “Gobierno largo” (1885‑1890), la aper­tura “posibilista” de Castelar.

La Constitución de 1876, el bipartidismo y el Pacto de El Pardo diseñaron así lo que podría cali­ficarse de “sistema centro”, muy diverso del “Partido Centro” que supuso la Unión Liberal en los años se­senta; sistema que respondía a uno de los dogmas del canovismo: no hay posibilidad de gobierno sin transacciones justas, lícitas, honradas e inteligentes. Al mismo tiempo, había consolidado el prestigio del régimen la prudente solución lograda por Cánovas al conflicto de las Carolinas (1884) —evitando una ruptura con el Imperio alemán— y la excelente co­yuntura económica registrada en estos años, especial­mente en Cataluña (“febre d’or”).

El buen funcionamiento del sistema se puso de re­lieve cuando, tras el “Parlamento largo” con el que gobernó Sagasta en el primer lustro de la Regencia, Cánovas asumió la legislación democrática de aquél. En el nuevo turno conservador (1890‑1892), afloraron, sin embargo, diferencias de criterio o de procedi­miento entre el que fuera brazo derecho de Cánovas dentro del Partido, Silvela y Romero Robledo —el político que traducía a la realidad práctica la prema­tura democracia impuesta por Sagasta con la reim­plantación del sufragio universal—: diferencias que abocaron a la disidencia de Silvela y la crisis del Go­bierno. De hecho, la supuesta “democratización” sa­gastina, cuando una gran parte de la sociedad espa­ñola se hallaba muy lejos de la capacidad intelectual y económica necesaria para asumir libremente los de­rechos ciudadanos, se tradujo en un régimen cliente­lista que en cualquier caso cubría una fase transicional hacia la verdadera democracia, similar a la experimen­tada por otros países de Europa y América.

Cánovas formó su último Gobierno en 1895, cuando al final del segundo turno fusionista acababa de producirse la nueva insurrección antillana, exten­dida luego a Filipinas. Aplicó todas sus energías a so­focar el alzamiento, partiendo de la convicción de que Cuba era tierra española y no precisamente colonia. Sólo una vez depuestas las armas por unos compa­triotas rebeldes cabía el planteamiento de reformas autonómicas en las Antillas. Aunque las operaciones, acertadamente dirigidas por Valeriano Weyler, pare­cían apuntar a un éxito final en la primavera de 1897 (Cánovas había logrado eludir la intervención norteamericana asegurando al presidente Cleveland la próxima pacificación de Cuba, acompañada de li­bertades autonómicas asumibles por los insurrectos, según el programa ya iniciado por su Gobierno), este programa quedaría truncado con el asesinato del gran político en el balneario de Santa Águeda (8 de agosto de 1897) por un anarquista italiano, Angiolillo, que se proponía vengar a sus correligionarios ejecutados en Montjuich a raíz de los atentados terroristas de 1893 y 1896. En realidad, fue la Junta Revoluciona­ria Cubana —sus delegados instalados en París— la que desvió el objetivo inicial de Angiolillo —el Rey niño, la Regente— hacia el estadista que encarnaba una verdadera amenaza para su causa.

Del prestigio de Cánovas ante sus contemporáneos pueden ser muestra estas dos manifestaciones formu­ladas a raíz del magnicidio; la de Sagasta en España: “Ahora, muerto Cánovas, podemos tutearnos todos”; y la del canciller Bismarck ante el Reichstag alemán: “Jamás he inclinado la cabeza ante nadie, pero siempre lo hacía con respeto al oír el nombre de Cánovas”.

Cánovas se casó dos veces: la primera en 1860 con María de la Concepción Espinosa de los Monteros, hija del barón del Solar de Espinosa, que falleció en 1865; y la segunda en 1887, ya frisando los se­senta años, con Joaquina de Osma y Zavala, hija de los marqueses de la Puente y Sotomayor, que rodearía de lujo los últimos años del gran estadista en su es­pléndida residencia de La Huerta. No logró descen­dencia de ninguna de las dos, y el título ducal, que le fue concedido tras su muerte a su viuda, pasaría, ya fallecida, a la línea de una hermana de ésta, perdién­dose para el auténtico linaje de Cánovas.

Cánovas fue miembro de la Real Academia de la Historia (1860‑1897) y su director (1882-1897). En ella puso en marcha dos notables iniciativas: la reanu­dación de la publicación de las Actas de las Cortes de Castilla, proseguida hasta hoy; y la dirección de una gran Historia de España confiada a varios autores, que no llegó a completarse. Perteneció también a la Real Academia Española (1867), a la de Ciencias Morales y Políticas (1881), a la de Bellas Artes de San Fer­nando (1882) y a la recién creada de Jurisprudencia y Legislación (1882), que también presidió. Presidió, asimismo, la Real Sociedad Geográfica.


Obras de ~: La Campana de Huesca. Crónica del siglo XII (novela histórica), Madrid, 1852; Historia de la decadencia de España, desde el advenimiento al trono de Felipe II hasta la muerte de Carlos II, Madrid, 1854; De la dominación de los españoles en Italia, discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia, Madrid, 1860; Apuntes para la historia de Marrue­cos, Madrid, 1860; Estudios literarios, Madrid, Imprenta de la Biblioteca Universal Económica, 1868, 2 vols.; De las ideas políticas de los españoles durante la Casa de Austria, en Revista de España, 4 (1868), págs. 498-570, y 6 (1869), págs. 40-99; La Casa de Austria: Bosquejo histórico, Madrid, Imprenta de la Biblioteca Universal Económica, 1869 (ed. de D. Castro Alfín, Pamplona, Urgoiti Editores, S.L., 2004); El Solitario y su tiempo: Biografía de D. Serafín Estébanez Calderón y crítica de sus obras, Madrid, Imprenta de A. Pérez Dubrull, 1883; Problemas contemporáneos, Madrid, Imprenta de A. Pérez Du­brull, 1884-1890, 3 vols.; Obras poéticas, Madrid, Imprenta de A. Pérez Dubrull, 1887; Estudios del reinado de Felipe IV, Ma­drid, Imprenta de A. Pérez Dubrull, 1888-1889, 2 vols.; Obras Completas, Madrid, Fundación Cánovas del Castillo, 1997, 13 vols.; La revolución liberal española: antología política (1854-1876), est. prelim. de J. Vilches, Salamanca, Almar, 2002.

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Biografía escrita por Carlos Seco Serrano procedente del Diccionario Biográfico Español.

 

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