Acto Académico con motivo del 80 aniversario de Su Majestad Don Juan Carlos I

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Presentación del acto académico con motivo del 80 aniversario de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos

Señor, Señora,

Muchas gracias de todo corazón por el alto honor que nos dispensáis esta tarde al presidir este solemne acto académico y recibir con el profundo afecto de los miembros de esta Real Academia, de los Académicos de las Academias del Instituto de España y de todos los aquí reunidos –Protectores y Amigos de la Academia, invitados distinguidos y todo el personal de esta Casa– nuestra más cariñosa y entrañable felicitación en Vuestro ochenta cumpleaños. Y muchas felicidades igualmente emocionados –Señor, Señora– a Vuestras Majestades porque, con unos meses de diferencia, es también en este año el aniversario de la Reina Doña Sofía, Académica de Honor de esta Real Academia de la Historia, un gran honor que –la Señora– tuvo a bien otorgarnos en 1998. Que tengáis, Majestades, muy largos y felices años de vida.

Muchas gracias, Académicos, Protectores, amigos todos, por el vuelco entusiasta en la asistencia, que ha desbordado nuestras previsiones. Muy bienvenidos a esta vuestra Casa, que también está en un año de celebración. Justo hace 280 años, que en 1738, primero por Real Orden de 18 de abril y luego por Real Cédula de Erección y Protección de Su Majestad, de 17 de junio, Vuestro Regio Antecesor –Señor– el Rey Felipe V otorgaba el título de Real Academia de la Historia a la hasta entonces Junta de académicos, a los que concedía “el honor de ser gentiles hombres de la Real Casa” y se aprobaban los Estatutos que la regirían. Casi ya tres siglos.

Hemos querido, Majestades, en este año tan rico en conmemoraciones, en el que de forma muy señalada se recuerda especialmente los 40 años de nuestra Constitución, promulgada y aprobada por una gran mayoría de los españoles en 1978, unir Vuestro aniversario –esos fecundos y plenos 80 años– al recordatorio histórico del reinado de Vuestras Majestades. Y hacerlo en un acto solemne académico que sea un primer y riguroso análisis y síntesis de la historia de España en un período caracterizado por haber disfrutado –por seguir disfrutando, pese a las tensiones y sombras que siempre se producen en la vida humana y en el desarrollo socio-político– de una democracia y una estabilidad constitucional bajo una Monarquía parlamentaria, clave de bóveda de un bienestar y un progreso como España no había conocido anteriormente.

Para ello, el Prof. y Académico Don Juan Pablo Fusi, el gran historiador de nuestra época contemporánea, bien conocido nacional e internacionalmente, y cuyas enseñanzas y publicaciones han brillado siempre por su rigor, ecuanimidad (que no equidistancia) y una perspectiva de historia comparada que inserta nuestra historia en Europa y en el mundo, nos trazará las líneas principales.

Señor, Señora, permitidme reiterar la alegría de teneros una vez más entre nosotros. En uno de los actos en los que participasteis, al conmemorar los primeros 25 años de Vuestro reinado, con nuestro recordado Gonzalo Anes como director, Vuestra Majestad reiteró la importancia de nuestro marco normativo que proporcionaba estabilidad y al tiempo integración, en un entramado constitucional que permitía ajustes y sostenía los cambios, siempre dentro de unas reglas de juego que se habían establecido en aquel amplio consenso político y social de 1978. Y S.M. la Reina doña Sofía, en otro evento que presidió también en esta Casa, el 10 de noviembre de 1998, como buena amante de la Historia señalaba que ésta no abarcaba solo lo que los seres humanos hacen en el presente y han hecho en el pasado, sino también las posibilidades que abrían al futuro. En todo ello confiamos.

Si como decía una de las inteligentes y sensibles señoras ilustradas del siglo XVIII- “el agradecimiento es la memoria del corazón”, hoy se une nuestra memoria individual y nuestro conocimiento histórico para daros, Majestades, gracias por Vuestra Presencia y vuestra dedicación y amor a España y a los españoles. Muchas gracias por todo.

Carmen Iglesias

El reinado de Juan Carlos I (1975-2014)

La significación histórica de la figura de Juan Carlos I resulta evidente: contra los proyectos continuistas de la dictadura de Franco –que con el nombramiento en 1969 de D. Juan Carlos como heredero a título de rey creyó garantizar la prolongación del franquismo en una Monarquía del 18 de julio–, la monarquía del rey Juan Carlos vio el restablecimiento de la democracia en España. La Transición de la dictadura a la democracia, impulsada por D. Juan Carlos, fue, con sus problemas y complejidades, un gran éxito histórico. A ello contribuyeron distintos factores: el desarrollo económico del país entre 1960 y 1975; la crisis del franquismo desde 1969; la necesidad de la nueva monarquía de liberarse de su origen franquista y dotarse de legitimidad propia y democrática; el contexto internacional (caídas de las dictaduras portuguesa y griega en 1974, apoyo de Europa y los Estados Unidos a una España democrática). En cualquier caso, el nuevo rey, Juan Carlos I, resultó ser un rey para la democracia. Entendió que la institucionalización de monarquía y democracia exigía legitimidad democrática: que la monarquía restaurada no podría ser otra cosa que la “Monarquía de todos”, la posición que, divorciado de la dictadura de Franco desde 1943/45 (lo que no excluyó acuerdos ocasionales), don Juan, el padre del Rey, había mantenido en el exilio.

El rey pilotó el cambio que permitió que España evolucionara en apenas tres años de la dictadura a la democracia, transición, esto es, construcción de un nuevo orden político, que en síntesis supuso:

1. la liquidación del continuismo franquista;
2. la paulatina atracción e integración de la oposición democrática al franquismo (incluido el Partido Comunista y los partidos nacionalistas en Cataluña y el País Vasco; oposición en principio hostil y republicana pero que supo anteponer el restablecimiento de la democracia a cualquier consideración doctrinal);
3. la superación del trauma histórico que fueron la guerra civil de 1936-39 y la propia dictadura franquista (y con ello: la reconciliación de los españoles);
4. reforma en profundidad  –en aquel nuevo orden en construcción– de la organización territorial del Estado (que atendiese por razones históricas a la cuestión, o cuestiones, catalana, vasca y gallega).

Fueron operaciones complicadas y difíciles, presididas en cualquier caso por la incertidumbre, el azar, la posibilidad, la contingencia (la historia siempre ha podido ser de otra manera; la Hª de la Transición también pudo haber sido de otra manera), y que generaron en su momento resistencias y tensiones. Pero se acertó en lo sustancial: en el procedimiento, una reforma política en profundidad desde la propia legalidad franquista; y en el hombre, Adolfo Suárez, nombrado por el rey –tras cesar al último presidente de gobierno de Franco, Carlos Arias Navarro­–  jefe del gobierno en julio de 1976, y que entre esa fecha y 1981 llevó a cabo la reforma política del país.

Con la Constitución de 1978, España se configuró como una Monarquía democrática –en la que el Rey perdía todo poder ejecutivo, y adquiría poder simbólico y moderador– y como un Estado autonómico que confería un alto grado de auto-gobierno a nacionalidades (Cataluña, País Vasco, Galicia) y regiones. A pesar del terrorismo de la organización vasca ETA –en torno a 800 muertos entre 1975 y 2011–, la democracia española cristalizó en un régimen estable y plural, integrado en la Unión Europea desde 1985, y (hasta la crisis de 2008) en una de las economías más dinámicas de Europa. El rey Juan Carlos, a quien la Constitución confería el mando de las Fuerzas Armadas (y también: la iniciativa de proponer el candidato a Presidente del Gobierno),  fue esencial en la neutralización del Ejército a todo lo largo de la transición, un ejército hasta los años ochenta nada favorable a las reformas acometidas; y en la acción exterior del país, especialmente en Hispanoamérica y en Europa, y en las relaciones –extraordinariamente condicionadas por factores personales– con los países árabes y especialmente, con Marruecos. La joven democracia española derrotó el intento de golpe de estado militar que se produjo el 23 de febrero de 1981. El rey actuó con decisión: a él, a sus asesores y a los altos mandos del ejército y de los cuerpos de seguridad, se debió el mantenimiento de la disciplina militar prácticamente en toda España.

La democracia en España

El papel del rey fue pues esencial. Su gestión le daría, en palabras de Paul Preston, “una inmensa legitimidad popular”. La Monarquía –discreta, no cortesana, no suntuaria– iba a ser en España desde 1975 [en palabras tomadas de Hobsbawn, referidas a las monarquías europeas actuales] un marco solvente para la democracia.

Encauzado el proceso tras el nombramiento de Suárez, la aprobación de la ley para la Reforma Política, la legalización del Partido Comunista y la celebración de elecciones el 15 de junio de 1977, la Constitución de 1978 definió a España como una Monarquía parlamentaria y como un Estado social y democrático de derecho. Reconoció, como decía, el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones, garantizó las libertades democráticas, constitucionalizó partidos y sindicatos, proclamó la libertad de enseñanza y la aconfesionalidad del Estado (desde el respeto a las creencias religiosas de los españoles) y abolió la pena de muerte. Entre 1978 y 1983, se constituyeron un total de diecisiete comunidades autónomas (y luego, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), todas ellas dotadas de amplísima capacidad de autogobierno, “Estado de las autonomías”, que era, en palabras de García de Enterría, el gran administrativista español, la hazaña de la democracia.

Como mostraría sobre todo el fracaso del intento de golpe de estado de 23 de febrero de 1981, pero también la limpieza electoral de todos y cada uno de los numerosos procesos electorales celebrados desde 1977 y por supuesto, la misma alternancia de partidos en el poder (en el poder central, pero también en los poderes autonómicos y municipales), la democracia española de 1978, una democracia multipartidista, estaba probablemente mejor construida que las anteriores experiencias democráticas del país. Entre 1976 y 1981 gobernó Suárez; en 1981-82, Leopoldo Calvo Sotelo, dirigente como Suárez, de la Unión de Centro Democrático (UCD). Las elecciones de octubre de 1982 llevaron al poder a la izquierda, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por Felipe González y Alfonso Guerra; las de 1996, a la derecha, el Partido Popular (PP) de José Mª Aznar. El PSOE, encabezado ahora por J-L. Rodríguez Zapatero, volvió al poder en 2004; el PP, con M. Rajoy al frente, en 2011. Suárez restableció la democracia, creó las bases para la reforma económica (Pactos de la Moncloa de 27 de octubre de 1977), aprobó la Constitución, democratizó la administración local e inició el proceso autonómico (que en Cataluña conllevó el restablecimiento del gobierno de la antigua Generalitat en la persona del presidente catalán en el exilio Josep Tarradellas, retornado triunfalmente a España con ese propósito). Calvo Sotelo completó la “transición exterior”: con la entrada en la OTAN, alineó a España en el mundo occidental y definió su papel internacional. Felipe González propició la entrada en Europa (1985), la reconversión industrial, la reforma militar, la modernización de las infraestructuras del país, la plena recuperación del papel internacional de España y varios años de fuerte crecimiento económico. Aznar y el Partido Popular, que gobernaron entre1996 y 2004, dieron estabilidad a la acción de gobierno, mantuvieron el crecimiento económico y el consenso social, reforzaron la lucha contra el terrorismo y la autoridad del Estado, y llevaron a España a la integración monetaria europea.

Los grandes problemas que desde el siglo XIX habían condicionado la política del país –democracia política, forma del Estado, alternancia en el poder, política internacional, atraso económico– parecían ahora en buena medida resueltos. Entre 1976 y 2000, el Producto Interior Bruto se incrementó, pese a la recesión de 1974-84 y a las insuficiencias del tejido económico, en un 89 por 100. En 2000, España, un país urbano y moderno de 40,5 millones de habitantes, no era ya ni un país industrial ni un país agrario: servicios, construcción, comercio, turismo, banca, transportes y comunicaciones eran los motores del nuevo dinamismo de la economía española. España, la octava economía del mundo en la fecha indicada, invirtió en América Latina en los años noventa una cifra cercana a los 60.000 millones de dólares; cerca de tres millones de inmigrantes se habían establecido en el país entre 1990 y 2003, otro cambio histórico formidable. España parecía, además, haber recuperado de alguna forma su papel en el mundo, y redefinido, plenamente, su política exterior.

Los problemas del país –problemas políticos, problemas económicos y sociales, problemas de seguridad , defensa, educación; escándalos de corrupción; crisis sanitarias,  medio-ambientales; intervenciones en conflictos internacionales; reconversión industrial, des-agrarización del país, empleo y conflictividad laboral, inmigración clandestina, violencia de género, subcultura de alcohol y drogas,… –, problemas muchas veces graves y urgentes y de gestión inevitablemente polémica y controvertida, y que por ello protagonizaron la vida política y centraron el interés público de los españoles, se derivaban ahora, como en otras democracias occidentales, no de carencias e insuficiencias del sistema político y/o del entramado institucional del Estado, sino por un lado de la propia práctica política y del ejercicio mismo del poder, y por otro, de los usos y prácticas que en la gestión de la vida colectiva (actividad económica y financiera, dinámica social, políticas sanitarias y/o medio-ambientales, criminalidad, acción policial, comunicaciones, transportes, vida local, evolución demográfica, etcétera) pudieron hacer  poder público y  sociedad civil.

El mismo problema nacionalista no era ya un problema estructural derivado o del centralismo del Estado o de la vigencia excluyente del nacionalismo español. En todo caso era al revés: se derivaba de la debilitación del poder central en beneficio del poder de las comunidades autónomas que generaba el estado de las autonomías, y de la deslegitimación de toda forma de nacionalismo español fuerte que siguió, tras el restablecimiento de la democracia, a la abusiva asociación durante cuarenta años (1939-1975) entre franquismo y españolidad. Los nacionalismos vasco, catalán y gallego seguían, en cualquier caso, manteniendo sus aspiraciones soberanistas ante todo por razones ideológicas, por la lógica misma de sus concepciones nacionalistas. ETA, la organización independentista y terrorista vasca, mantuvo tras 1975 la “lucha armada” –asesinó a 817 personas entre 1975 y 2011–  contra el Estado español como resultado de su concepción “estratégica” hacia la independencia, como una opción deliberada por tanto y no como resultado de una necesidad inevitable impuesta por las circunstancias o por la prolongación de un conflicto (vasco) secular y no resuelto. No quiso aceptar la solución autonómica para el País Vasco que aparecía en la Constitución de 1978, y que se concretó en el Estatuto de Autonomía del País Vasco de 1979.  Quiso desbordar el proceso autonómico, ejercer el liderazgo de la causa vasca, e imponer una negociación al Estado español (entendida en todo momento por ETA como victoria política propia).

Con todo, la democracia estaba consolidada:

–          la sociedad y las instituciones españolas asimilaron con serenidad admirable el terrible atentado perpetrado por terroristas islámicos en Madrid en marzo de 2004, que costó la vida a cerca de 200 personas;

–          la nueva democracia española terminó por derrotar a ETA: la labor combinada de acción policial y judicial, pactos políticos, cooperación hispano-francesa, movilizaciones sociales contra ETA y el creciente cansancio y repulsa moral que los asesinatos  fueron creando en la sociedad española y vasca,  todo ello llevó, si bien lenta y discontinuadamente, al agotamiento de ETA y al abandono final, ya en 2011, de la lucha armada.

España transformada

El cambio fue, en efecto, extraordinario; y tomado en su totalidad, exitoso. Como se acaba de indicar, a pesar del terrorismo de ETA, la democracia española cristalizó en un régimen estable y plural, y en una de las economías más dinámicas, entre 1985 y 2005, del continente europeo. Aunque subsistiesen desigualdades, pobreza y desequilibrios regionales y sectoriales, la riqueza nacional se duplicó entre 1976 y 2000. El PIB pasó de 47.868.900 millones de pesetas en 1976 a 87.580.900 millones en 1999; el PIB por habitante, de 5.904 dólares en 1980 a 24.254 en 2004.  Reconversión industrial, privatizaciones –la privatización desde fines de la década de 1980  del viejo sector público del franquismo–, fusiones bancarias, inversión extranjera y grandes obras de infraestructura (autopistas de peaje y autovías, aeropuertos, tren de alta velocidad), revolucionaron, especialmente desde los años 80, la economía española. Servicios, construcción, comercio, turismo, banca, transportes y comunicaciones eran, en 2000-2005, sus principales sectores. El turismo alcanzaba cifras extraordinarias: 50,9 millones de turistas en 2003.

La población española pasó de 35,8 millones de habitantes en 1976 a 44,1 millones en 2006, en razón fundamentalmente de la inmigración, un hecho nuevo y sorprendente en la historia de España, que en 2006 se estimaba en cifras cercanas a los cuatro millones de personas, casi el 10 por 100 de la población total. España era un país urbano. En 2005, el 79 por 100 de la población, esto es, unos 34 millones de personas, vivían en las grandes áreas urbanas del país: 40 ciudades (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Las Palmas, Palma de Mallorca, Bilbao, etcétera) tenían más de 150.000 habitantes.

Desde mediados de los años 80, eran ya más las mujeres que los hombres que cursaban estudios universitarios. La tasa de ocupación femenina pasó del 22,7 por 100 en 1983 al 44,1 por 100 en 2008.  El número de empresarias creció en un 37 por 100 entre 2000 y 2007. En 2004, las mujeres eran el 64 por 100 del total de jueces del país. En ese año, había un total de 12.205 mujeres en las Fuerzas Armadas españolas (de un total de 119.698 efectivos). España era un país prácticamente des-agrarizado. En 2005, la agricultura, la causa histórica, como sabemos, de su atraso y de su pobreza, representaba sólo el 3 por 100 del Valor Añadido Bruto de la economía española (9,9 por 100 en 1975) y el 5,3 por 100 del empleo total (23, 2 por 100 en 1975). En 1976 había en torno a 2,3 millones de campesinos; en 2004, unos 865.000.

La libertad había sido recuperada. La Transición configuró un marco nuevo para la vida cultural del país. El cambio conllevó, primero, la cristalización de un nuevo sistema cultural: nuevos medios de comunicación (prensa, radio, televisiones públicas y privadas), periodismo escrito, radiofónico y televisivo sumamente brillante y muy influyente, oficialización de lenguas y culturas de nacionalidades y regiones, una nueva y amplísima oferta y demanda culturales (museos, bibliotecas, auditorios, orquestas, universidades, grandes exposiciones, festivales, ópera, ballets, cursos de verano, premios a las actividades artísticas y literarias,…); y segundo, la plena recuperación de la libertad creativa. La cultura de la transición era, en efecto, la cultura de una sociedad democrática y, por tanto, abierta y plural, un sistema cultural definido por la pluralidad y la diversidad. No había ni establishment cultural ni pensamiento único; sino el quehacer y la obra creadora, propia y distinta, de intelectuales, escritores y artistas.

Fin de ciclo

La crisis que la economía española, como la economía mundial, experimentó desde 2008-09, puso fin al largo de ciclo de estabilidad y crecimiento económico que España vivía, salvo por alguna breve crisis coyuntural, desde mediados de la década de 1980. Aunque España no tuviera que ser rescatada por la Unión Europea (no obstante recibir de Europa en 2012,  para su reestructuración bancaria, 62.000 millones de euros), el coste económico y social  de la crisis fue en todo caso enorme (como lo fue en  otros países europeos): aplicación de durísimas políticas de austeridad y de contención drástica del déficit y del gasto públicos, mediante recortes presupuestarios, subidas de impuestos, reducción de los costes de producción, recortes salariales y cambios en los sistemas y prestaciones de la seguridad social, y reformas (flexibilización) de los mercados laborales; paro, desigualdad, pobreza, malestar social, protestas callejeras, huelgas generales y sectoriales, marchas, manifestaciones, concentraciones.

Crisis económica, altísimo desempleo, malestar social generalizado, desorientación y debilitamiento de los grandes partidos nacionales, aparición de nuevas fuerzas políticas. Ello, unido a varios y gravísimos escándalos de corrupción política, al creciente desafío soberanista que ahora, de forma ya evidente desde 2010, planteó el nacionalismo catalán –un grave desafío al orden constitucional–  y a la controversia pública que desde 2011 se generó, por distintas y muy desiguales razones, en torno a aspectos de la gestión real, no obstante el amplísimo reconocimiento que la obra histórica de Juan Carlos I seguía mereciendo, todo ello hizo pensar que España había vuelto a ser un problema.

No todo era así. La democracia seguía siendo el modelo ideal de la política. El reinado de don Juan Carlos –que abdicó en junio de 2014– era, con mucho, la etapa democrática más larga de la historia española. ETA abandonó la “lucha armada” en 2011. La crisis económica de 2007/08 empezó a ser superada a partir de 2013. La Monarquía era, como todas las monarquías europeas, una institución razonable. Era –y esa fue, como decía al principio, la obra histórica de D. Juan Carlos y Dª Sofía– un marco solvente para la democracia. La abdicación del rey Juan Carlos en junio de 2014 en su hijo Felipe VI fue, primero, estupefaciente pero en seguida admirable: personalmente difícil, constitucionalmente oportuna, históricamente certera. Los primeros gestos de don Felipe y de la reina Dª Letizia fueron, además –y así fueron unánimemente percibidos– sumamente positivos.

La nueva democracia española, la democracia de 1978, no había sido obra del silencio y la acomodación. La Transición supuso nada menos que la refundación de España como nación.  La mayoría de los españoles la vivieron con conciencia clara de lo que realmente fue: como un nuevo comienzo, como la cristalización de un proyecto permanente de libertad y democracia para España.

Juan P. Fusi

Madrid, 5 de marzo de 2018